Password bajo llave

Por Eduardo Basz

En Cuba, la desinformación es una cuestión de Estado. Por eso no debe sorprendernos que haya gente dispuesta a morir por internet, como el periodista independiente Guillermo Fariñas Gómez, quien desde enero viene realizando sucesivas huelgas de hambre que lo han llevado a un punto de desintegración corporal. Empezó cuando el gobierno le bloqueó su e-mail para que no enviara más notas al exterior. Luego extendió su reclamo a una apertura de internet a toda la sociedad. La solidaridad vino, fundamentalmente, de la ong checa Hombre en Apuros, la eslovaca Pontis Foundation y Reporteros sin Fronteras, que ya lo tenía catalogado a Fidel como uno de los grandes enemigos de la red, sólo comparable con los clérigos iraníes. Antes, en los allanamientos los policías secuestraban libros, periódicos, documentos, ahora prestan atención a otros objetos: notebooks, impresoras, fax, fotocopiadoras. Incluso el director de una biblioteca independiente fue acusado de cometer el delito de "receptación" por tener un equipo de fax. Le allanaron la casa y todos los días debe presentarse en la comisaría para verificar que no abandonó el municipio. Más complicada aún es la situación de los disidentes que pasan el umbral de editar páginas web en servidores del exterior: son "mercenarios al servicio del imperio".
Cuba ingresó al siglo XXI peleada con las tecnologías de la época. Constituida por los mitos del nacionalismo anglófobo latinoamericano, la nomenklatura cubana percibió la emergencia de internet como una molestia y un peligro. Les parece revelador que la mayoría de las páginas web esté en inglés o que en Manhattan haya más computadoras que en Africa. Hasta les desagrada el nombre: prefieren llamarla "servicio público de valor agregado de telecomunicaciones". En diciembre del 2000, el principal líder sindical opositor se convirtió en el primer ciberdisidente cubano en ser arrestado por publicar un artículo en una web de Miami. Estuvo en una celda de castigo durante 10 meses: no tuvo contacto con ningún otro detenido, la cama se la ponían a las 6 de la tarde y se la sacaban a las 6 de la mañana, su mujer podía visitarlo cada tres semanas. Al principio lo condenaron por la "difusión de noticias falsas que comprometen el prestigio y el crédito del Estado cubano" con "manifiesta intención de colaborar con una potencia extranjera". Luego, las acusaciones fueron reclasificadas como "difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires". Hace poco fueron expulsados de la universidad varios estudiantes de informática que habían formado un chat sobre Cuba.
Lo concreto es que "el primer territorio libre de América" se conectó tarde y mal. Según datos de la ONU, hay 9 internautas cada 1.000 habitantes, mientras en Haití hay 18, en Namibia 24, en Swazilandia y Gabón 26. Como en tantas otras cosas, se lo atribuyen al bloqueo. Pero desde un principio, el régimen se ocupó de garantizar el carácter selectivo del acceso a internet. A partir del anhelo de una franja de la sociedad cubana de poder navegar en el ciberespacio surgió el mercado negro de passwords. Es pequeño, pero bien organizado. Se maneja por relaciones y previo pago. Todas las noches, miles de jóvenes universitarios se conectan de manera subterránea. Se apoderan de passwords de empresas nacionales o extranjeras que los usan en el horario diurno. El dealer cubano vende la mercancía a unos 40 ó 60 dólares mensuales, algo así como 6 sueldos. El pacto es no abrir el correo del titular. Esta actividad no pasó desapercibida. En el 2001 fue creada la Agencia de Control y Supervisión, adscripta al Ministerio de la Informática, para perseguir a quienes hacen "un uso indebido de las redes". Fueron identificados (y sancionados) quienes "utilizaban cuentas de correos que no les pertenecían".
Cuba se conectó a internet en 1994. Desde entonces, el régimen se ha esforzado por tener todo bajo control mediante una sucesión de resoluciones y decretos, algunos opuestos entre sí, pero con una marca propia: es una legislación fuera de época. Como si se tratara de una novela de Orwell o Huxley, en la isla del Caballo hay sólo dos servidores y como anota Reporteros sin Fronteras "todo el tráfico de internet está centralizado en una única máquina en la que se efectúa la censura, a través de filtros. Los periódicos oficiales Granma, Juventud Rebelde o Trabajadores y la agencia nacional Prensa Latina tienen todos su sitio en internet. El régimen cubano censura pero también utiliza la Net para difundir su propaganda". Una particularidad cubana es que las personas no tienen acceso a la red sino las empresas y las instituciones "de mayor relevancia", tal como quedó establecido a partir del decreto 209 de 1996. El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones definió los protocolos de seguridad para "minimizar los riesgos que presuponen la conexión de cualquier entidad a una red externa, al establecer una vía desde la cual pueden ser penetrados desde el mundo exterior". También deja en claro que las agencias gubernamentales que quieran conectarse deberán cumplir con "el requisito sine qua non" de presentar "la documentación que dé constancia de la aprobación por parte de los jefes de los organismos a los que pertenecen". En las empresas el password lo manejan los directivos, pero incluso las firmas exportadoras tienen un acceso restringido a internet y deben conformarse con el e-mail. Esta manía por el control total también los abarca. "Los sitios web cubanos que ofrezcan servicios de correo electrónico no podrán implementar la creación de cuentas de forma automática a personas naturales o jurídicas que no se encuentren debidamente autorizadas. Asimismo los sitios que ofrezcan servicios de chat deberán garantizar que las personas que sólo tienen aprobado el acceso a la navegación nacional, no puedan hacer uso del servicio de chat internacional". Las cadenas transnacionales de hoteles cuentan con salas de internet para sus clientes. Pero en toda La Habana hay sólo dos cibercafés, uno es de la Unión de Artistas y Escritores. Se llama El Aleph. Los intelectuales orgánicos tienen acceso gratuito al servicio de mensajería y a intranet, una red nacional.
Recién a partir de setiembre del 2001 a los cubanos les fue concedida la gracia de acceder a un servicio de correo electrónico pero nacional, sin posibilidad de entrar en la web. Una tarjeta de acceso limitado cuesta el equivalente de 5 euros cada 4 horas (el salario medio es de 16 euros). Las tarjetas tienen el nombre y apellido del usuario, con sus principales datos personales. El proveedor puede leer los mensajes (antes de ser enviados o recibidos) por eso son tan frecuentes los retrasos de varios días o extravíos. Si una persona quisiera acceder a internet deberá presentar "una razón válida" y firmar un contrato de utilización.
Peor todavía: el Ministerio de Comercio Interior tiene expresamente prohibida la venta a particulares de "computadoras, impresoras, fotocopiadoras, fax y todos los demás instrumentos de impresión masiva". Comprar un modem es un acto subversivo. Esta idea fija por el control de la información convive con una situación de descontrol total del comercio electrónico, donde hay sitios operados por corporaciones transnacionales en servidores externos que en combinación con empresas estatales cubanas hacen negocios dentro de la isla. Otra situación similar son las tarjetas electrónicas. El Banco Central se encargó de reglamentar el uso de las emitidas por bancos cubanos, pero respecto de aquellas de entidades extranjeras no hay ninguna regulación. En la política y la economía de internet está condensada la realidad de los sistemas sociales.

EDUARDO BASZ Periodista, escritor.
ayresdejazz@gmail.com