Bush contra la seguridad nacional

Por Eduardo Basz

Uno de los más notables fenómenos del malsano clima político ha sido el éxito obtenido por el gobierno republicano en presentar al presidente George Bush como el depositario indicado para proteger los asuntos de seguridad.
Es asombroso, considerando la trayectoria y los planes de Bush. Argumentaré que hasta hoy, él ha resultado un penoso fracaso en asuntos de seguridad y que actualmente se encuentra sumamente atareado en sembrar las semillas que ocasionarán desastres de seguridad en el futuro. Cabe aclarar que me refiero a la seguridad en su sentido más estricto, en lo que concierne únicamente a la amenaza terrorista y al ataque militar. Si ampliamos el concepto, abarcando la seguridad de la ciudadanía estadounidense ante la amenaza del desempleo, la pérdida de pensiones, la falta de atención médica, la delincuencia urbana, los abusos de los aparatos de seguridad del Estado en contra de las garantías individuales, las interrupciones de servicios de transporte, electricidad y agua potable o los daños a la salud ocasionados por el deterioro del medio ambiente, la amenaza de Bush a la seguridad es aterradora.
Bush ha logrado encapucharse de Mesías de la seguridad promoviendo el miedo, encendiendo el fervor patriótico, fabricando guerras o, más bien, invasiones de países pequeños y prácticamente indefensos mientras se pasea con una actitud solemne, haciendo declaraciones monumentales que buscan evocar la grandeza de Churchill ("No cederé; no descansaré; no capitularé en mi esfuerzo de emprender esta lucha por la libertad y la seguridad del pueblo estadounidense") y jugando su papel en frecuentes reseñas que proyectan al otrora desertor del servicio militar como un aguerrido cacique en jefe (aterrizando en atuendo de la Fuerza Aérea sobre el USS Abraham Lincoln).
Pero nunca lo hubiera logrado sin la colaboración de los sumisos medios de información que adoptaron su agenda, publicando sin previo comentario sus imágenes, sus múltiples distorsiones de la verdad, cultivando temores, negándose a cuestionar a su dirigente, sirviéndole como lo hacen los medios de un Estado de segunda categoría. El profesor Lance Bennett considera el desempeño de la prensa una "casi perfecta participación periodística en operaciones de propaganda gubernamental". La extensa ala derecha de los medios informativos se ha transformado de hecho en agente de prensa y porrista del gobierno de Bush, dando pauta y subyugando al sector empresarial "liberal" de la prensa a una parecida, si acaso menos vocal, obediencia al gobierno (aunque a muchos de ellos no hubo que intimidarlos). En el fondo de todo esto encontramos que el sector empresarial se halla bastante satisfecho con la administración de Bush, la cual ha sido descaradamente agresiva rebajando tarifas, facilitando recursos, reduciendo control de contaminantes, desmantelando el sistema de asistencia social e impidiendo la organización laboral. Tal postración ante las necesidades del poder nutre el rendimiento de los medios publicitarios y de información comercial, quienes dan muy diferente trato a Bush en comparación con Clinton, Gore o cualquier otro político que, aun haciendo todo lo posible por satisfacer al sector privado, no está dispuesto a dedicarse ciento por ciento al beneficio de la empresa.
El fiasco de seguridad del 11 de setiembre
La administración de Bush fue directamente responsable del fracaso de seguridad del 11 de setiembre, uno de los mayores y más imperdonables en la historia de los EE. UU. La administración había sido alertada por el saliente equipo de Clinton acerca del peligro de Al Qaeda y sencillamente ignoró tal amenaza durante sus ocho meses de gobierno anteriores al 11 de setiembre. La administración desatendió varias subsecuentes señales de alerta, entre las que aparece el reporte de individuos sospechosos que estaban recibiendo entrenamiento de aviación y boletines explícitos proporcionados por un puñado de agencias de inteligencia de países aliados acerca de una planeada operación terrorista "espectacular". El informe de inteligencia entregado a Bush el 6 de agosto de 2001 contenía un artículo que indicaba: "Ben Laden, decidido a atacar a los EE. UU.", donde se mencionaba que "las señales de actividad resultan consistentes con la planeación de secuestros u otros tipos de ataques". El gobierno de Bush hizo caso omiso a dichas advertencias, sin examinar el peligro latente en ciertas "señales de actividad" como el entrenamiento de aviadores o, por lo menos, incrementando la seguridad en los aeropuertos. El 10 de setiembre de 2001 el ministro de Justicia John Ashcroft entregó un presupuesto para el Departamento de Justicia que eliminaba fondos expresamente solicitados por el FBI, los cuales habrían suministrado 149 agentes antiterroristas, 200 analistas de inteligencia y 54 traductores, y también propuso un recorte presupuestario para los gobiernos estatales y municipales que redujo los pertrechos antiterroristas, como radios y equipos de descontaminación. Las prioridades de Ashcroft no incluían el terrorismo, sino "proteger los derechos de las víctimas de la delincuencia", el control de inmigración, el tráfico de drogas y el peligro de la prostitución en el estado de Lousiana.
El fracaso de enfrentar la amenaza terrorista de Al Qaeda podría tener relación con los vínculos entre la familia Bush, sus amistades y los intereses petroleros con Arabia Saudita, incluyendo miembros de la familia Ben Laden, algunos de los cuales fueron autorizados a salir de los EE. UU. con premura después de los ataques del 11 de setiembre con permiso de la Casa Blanca, mientras que un gran número de árabes sin expresa correlación con Ben Laden fue inmediatamente detenido, interrogado, frecuentemente maltratado y encarcelado sin proceso. El gobierno de Bush hizo todo lo posible para impedir y retrasar la investigación del fiasco de seguridad del 11 de setiembre, negando acceso a Condoleeza Rice, así como a agentes de la CIA y a otros investigadores, censurando documentos ejecutivos y, finalmente, insistiendo en ocultar del escrutinio público las 28 páginas del bastante demorado reporte sobre las razones de la falla de seguridad que concierne al nexo saudita.
El hecho de que el gobierno de Bush lograra retrasar y luego censurar el reporte del comité bicameral del Congreso sobre los hechos del 11 de setiembre sin que nadie se lo recriminara resulta un asombroso testimonio del poder de la derecha. Obviamente, los hechos del 11 de setiembre son de suma importancia, dado que casi 3.000 personas murieron, generando amplia publicidad y expresiones de ira y dolor que, a su vez, proporcionaron la plataforma para la continua "guerra contra el terror". Recordemos que inclusive varios de los secuestradores habían sido entrenados en administración aérea en los EE. UU. y habían coordinado tal operación en territorio estadounidense sin interferencia alguna por parte de las agencias de seguridad. Además, existe la lista de advertencias y la evidente falta de interés por parte del gobierno de Bush, muy posiblemente derivada de la relación con el petróleo saudita. Se agrega, finalmente, la incapacidad del sistema de emergencia de los EE. UU. para reaccionar al secuestro y el hecho de que Bush brilló por su ausencia en cuanto supo de los ataques a las Torres Gemelas.
Muchos familiares de las víctimas del atentado del 11 de setiembre se escandalizaron por el encubrimiento de las fallas de seguridad e inclusive algunos se han abocado al asunto con un vigor inaudito. Pero los medios han mantenido un pasmoso silencio y desde esa fecha hasta hoy día han ejercido poca presión para que el gobierno justifique su incapacidad y tampoco han indicado que tal incumplimiento del deber constituye una negligencia tanto criminal como enjuiciable. En el clímax de revelaciones de Bush acerca de los errores de inteligencia, en mayo del 2002, el énfasis editorial del "New York Times" consistía en la incapacidad de ensamblar datos y de considerarlo un problema "crónico", e insistía en la necesidad de enfocarse en "lo que de verdad importa, lo cual es prevenir otro asalto" de Ben Laden en vez de culpar los pronósticos. De hecho, los medios de comunicación difícilmente admiten que los hechos del 11 de setiembre sean culpa de Bush en lo absoluto; el "Philadelphia Enquirer" consideró los hechos como algo que podría manchar el legado de Clinton sin siquiera mencionar la posible responsabilidad de Bush.
En todo caso, podemos decir que si Clinton hubiese estado al mando y mostrado un similar récord de omisiones y mal funcionamiento, la prensa hubiera sido implacable, sus labores de investigación se hubieran encarnizado y la falla de seguridad se habría ensartado en Clinton y en sus subordinados inmediatos (Dick Cheney, por ejemplo, fue presentado como el "hombre clave en terrorismo interno" en mayo del 2001, pero no alzó un dedo para enfrentar dicha responsabilidad hasta el 11 de setiembre). Si acaso Clinton fue acusado de mentir durante el escándalo Lewinski, ¿existe duda alguna de que se le habría enjuiciado, condenado y echado de su puesto por este delito más grave? Mas él no estaba protegido por la derecha y la "prensa liberal" como lo está George Bush, el más agresivo monaguillo del sector empresarial.
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